Para el profesor del Pino, "el análisis de la discapacidad debe estar desmedicalizado, es decir, centrado en los aspectos orgánicos de la discapacidad, como enfermedad. Tampoco resulta suficiente poner los medios para que los discapacitados se adapten al mundo normalizado, pues esto contribuye a segregar a muchos de ellos cuyas capacidades están fuera del mercado".
Opina que "es necesario hacer enfoques sociales que analicen la naturaleza esencialmente social de la discapacidad, porque lo que para unos grupos deriva en discapacidad y exclusión, para otros es perfectamente absorbido como algo normal o funcionalmente distinto. La discapacidad debe ser entendida como una forma de riesgo social (igual que la renta, el género, el grupo de edad, la educación). Cada uno de estos elementos, sin llegar a determinar la suerte final de los individuos, los sitúa en posiciones de mayor o menor vulnerabilidad social".
En relación, con las formas de abordar la discapacidad, entiende que es necesario tratar de hacer planteamientos inclusivos, que ofrezcan dignidad personal, integración social y participación política a los discapacitados. Por ejemplo, incrementando la accesibilidad en todos los ámbitos: movilidad, adaptación de puestos de trabajo,... en definitiva, facilitando la participación en todos los ámbitos.
Los discapacitados forman un colectivo de unos 3,8 millones de personas en España, lo que representa cerca del 9% de la población. El envejecimiento es el principal factor que aumenta las discapacidades. Puesto que las mujeres viven más, ellas acumulan una tasa de discapacidad mayor, pese a que en la infancia y juventud la mayoría de discapacitados son varones. Con relación a la fuerza de trabajo, los discapacitados -entre 16 y 64 años, la edad de trabajar- son 1,6 millones, aproximadamente un 3,8% del total de la población activa.
"La mayor diferencia entre discapacitados y no discapacitados es que mientras los segundos se encuentran activos en su inmensa mayoría -trabajando o parados-, la tasa de actividad entre los discapacitados no llega al 35%. Las tasas de actividad decrecen con la edad y son más bajas para las mujeres. De los pocos que trabajan, muy pocos lo hacen en condiciones similares a los empleados ordinarios", destaca el profesor del Pino.
Las formas de inserción social de los discapacitados las concreta basicamente en tres: pensiones, trabajo doméstico y trabajo remunerado. "Las pensiones son la fuente principal de rentas para buena parte del colectivo, lo que por un lado, sitúa a España en un buen nivel en cuanto a protección social de estos grupos desfavorecidos pero, por otro lado, tiene el efecto perverso de mantenerlos alejados de una inclusión social definitiva como es la inserción laboral".
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