jueves, 17 de julio de 2008

Ti, vai facendo

Esta, podría ser una de las frases que abriría la cueva de Alí-Babá de las posibles corruptelas urbanísticas en Galicia. Delito este que, con sentido del humor, firmeza, profesionalidad y conocimiento de causa, abordó el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Antonio Roma Valdés en este Curso de Verano sobre las “Nuevas Formas de Delincuencia” celebrado en A Coruña, y en el que el lleno absoluto del magnífico Auditorio de la Fundación Caixa Galicia, donde ha tenido lugar, viene siendo la tónica dominante.


El permiso, la licencia, el plan urbanístico, el informe de los técnicos, al final, casi es lo de menos. Lo que importa es: “ir haciéndolo”. Los casos de corrupción urbanística, para el fiscal, alcanzan gran complejidad “en una trama en la que a veces resulta casi imposible saber de quien es la responsabilidad. Se necesita coordinación intra administrativa. Todos estamos acostumbrados a ver como se denuncian construcciones en zonas costeras, pero ahora también surgen delitos que antes no se producían, como la construcción en suelos de protección ambiental o paisajística que admiten construcciones agropecuarias, y sin embargo se destinan para otros fines”.


La destrucción para la especulación. De edificios singulares, de yacimientos arqueológicos, modificaciones de planes urbanísticos “a partir de los ‘estudios de detalle’ los Consistorios pueden modificar suelos, tipos de zonas: de rústica a urbana. Pero por desgracia, la prevaricación de autoridades locales, son delitos que no llegan al Constitucional”


Por eso Juan Carlos Aladro, Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra, está convencido de que “es como tratar de luchar contra los molinos de viento del Quijote, y los fiscales deben hacerlo con la locura de D. Quijote y la paciencia de Sancho”, porque hay que conocer vericuetos jurídicos muy complicados. “Estamos en un momento de anomia: no hay norma. Hay que entender, seguir el camino del delito, comprender como funciona el sistema urbanístico, comprender los conceptos”. Y no hay tiempo. “La fiscalía tiene fecha de caducidad, las diligencias acaban en el plazo de seis meses, y los informes que deben llegar de las distintas administraciones, se dilatan”.


Para él la conclusión, es clara “aparece este delito en el código penal, porque el derecho urbanístico ha fracasado” y considera que la construcción indiscriminada, produce un efecto negativo en el medio ambiente aunque reconoce que el camino no es sencillo y hay necesidad de crecer y prosperar, la pregunta sería, ¿hasta donde?


Pero si existe una respuesta jurídica contundente para el delito urbanístico, no es menor la respuesta policial. Javier Teijido, inspector del Cuerpo Nacional de Policía e integrante del grupo de Delitos Urbanísticos e Inmobiliarios, la fundamenta en una investigación exhaustiva, recogida meticulosa de información, explotación de las fuentes junto con el seguimiento y posterior reconstrucción de la operación. Una labor ingente y silenciosa en la que casi lo peor llega “el día después” con el análisis detallado de todo lo incautado.

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