sábado, 5 de julio de 2014

Seguridad Ciudadana y violencia callejera




El curso de verano “Seguridad ciudadana, descontento social y violencia callejera“, dirigido por el doctor en derecho Procesal de la UNED, Fernando Ibáñez López-Pozas y por el inspector del Cuerpo Nacional de Policia (CNP), José Luis Morán Rubio despertó gran interés y una amplia asistencia en el alumnado que llenaba el aula de la Facultad de Humanidades de la UNED.


El inspector del CNP, José Luis Morán, destacó que la ampliación del abanico de la casuística que pretende tipificarse como objeto de sanción en las pretensiones del legislador con la nueva normativa contemplada en el Anteproyecto en materia de Seguridad ciudadana, presenta desde el punto de vista operativo de la actuación policial, un incremento en la carga de trabajo que exigirá duplicar las dotaciones. En la práctica la extensión de responsabilidades alcanza, en opinión del inspector Morán Rubio, por ejemplo en materia de manifestaciones,  “casi al que pase por allí”. 

El régimen sancionador pasa de 26 a 58 supuestos, entre leves y graves. Sin embargo, remarcó el inspector Morán,  “también aborda aspectos que persiguen ofrecer una mayor cobertura al agente de la autoridad, particularmente en escenarios de alto riesgo, en los que hasta ahora se puede afirmar que se encontraba en una autentica situación de indefensión.“


El profesor de Derecho Procesal de la UNED Fernando Ibáñez, que señaló que el anteproyecto lo anunció el gobierno en noviembre de 2013, cuestionó la valoración que en diferentes medios de comunicación y colectivos ciudadanos se realizó del mismo llegando a calificar el proyecto legislativo como “la Ley mordaza del Gobierno” en respuesta a las protestas sociales a su política económica. El profesor Ibáñez, cuestionó esta reducción simplista como explicación, poniendo en duda que se trate de una reacción y entendiendo que se trataba más adecuadamente de una necesidad.


En esta línea argumental recordó que ya el 26 de julio de 2012 se vota mayoritariamente una interpelación en el Congreso, a propuesta del grupo de Convergència i Unió (CiU) para modificar la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, en concreto para actualizar el catálogo de infracciones y sanciones. Algo que echaría por tierra las interpretaciones de una ley elaborada con urgencia como reacción a los conflictos callejeros.

Por otra parte, después del transcurso de 22 años de interpretaciones de la doctrina legal sobre el binomio libertad-seguridad, justificarían la necesidad de una actualización legislativa en esta materia, que recoja esa extensa interpretación jurisprudencial. Además, afirmó que “ya nadie puede entender que el ejercicio de cualquier derecho fundamental pueda comprenderse como un absoluto, no sujeto a limitación alguna”, y así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, si bien matizado por el principio de proporcionalidad.

La necesidad de esta reforma, en opinión del profesor Ibáñez, es consecuencia también de una decisión política de establecer un marco legislativo diferente en la esfera penal, en esta materia, vinculada a las reformas en estudio del propio Código Penal, en la que desaparecen las faltas, derivando su tipología a delitos leves o infracciones administrativas.

Después de un repaso crítico por el contenido técnico-jurídico de la norma en proyecto, señalando algunas incongruencias en la redacción del texto  o la reiteración en la regulación de aspectos ya abordados en otros instrumentos legislativos, analizó en detalle aspectos relativos a las sanciones pecuniarias y no pecuniarias contempladas en el anteproyecto, abordando igualmente una comparativa entre la regulación en el anteproyecto de algunos comportamientos y tipologías, con la ya existente en normas precedentes como la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.

El profesor Ibáñez  acompañó su exposición con un conjunto   de datos y referencias que, desposeídos de la influencia de connotaciones espurias, permitieron un análisis detallado y científico del texto legal en estudio.














Un dinámico turno de intervenciones, posterior a las exposiciones, permitió un vivo debate con los asistentes quienes tuvieron la oportunidad de perfilar y matizar cuestiones puntuales que encuadraron con mayor precisión aspectos concretos de tan polémica iniciativa legislativa.
 
 
Isabel Quiñones / @iqvpress
Fotos: José Rodríguez
 
 

 





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