El inspector del CNP, José Luis Morán, destacó que la ampliación del abanico
de la casuística que pretende tipificarse como objeto de sanción en las
pretensiones del legislador con la nueva normativa contemplada en el
Anteproyecto en materia de Seguridad ciudadana, presenta desde el punto de
vista operativo de la actuación policial, un incremento en la carga de trabajo
que exigirá duplicar las dotaciones. En la práctica la extensión de
responsabilidades alcanza, en opinión del inspector Morán Rubio, por
ejemplo en materia de manifestaciones, “casi al que pase por allí”.
El régimen sancionador pasa de 26 a 58 supuestos, entre leves y graves. Sin embargo, remarcó el inspector Morán, “también aborda aspectos que persiguen ofrecer una mayor cobertura al agente de la autoridad, particularmente en escenarios de alto riesgo, en los que hasta ahora se puede afirmar que se encontraba en una autentica situación de indefensión.“
El régimen sancionador pasa de 26 a 58 supuestos, entre leves y graves. Sin embargo, remarcó el inspector Morán, “también aborda aspectos que persiguen ofrecer una mayor cobertura al agente de la autoridad, particularmente en escenarios de alto riesgo, en los que hasta ahora se puede afirmar que se encontraba en una autentica situación de indefensión.“
El profesor de Derecho Procesal de la UNED Fernando Ibáñez, que señaló que el
anteproyecto lo anunció el gobierno en noviembre de 2013, cuestionó la
valoración que en diferentes medios de comunicación y colectivos ciudadanos se
realizó del mismo llegando a calificar el proyecto legislativo como “la Ley mordaza
del Gobierno” en respuesta a las protestas sociales a su política económica. El
profesor Ibáñez, cuestionó esta reducción simplista como explicación, poniendo
en duda que se trate de una reacción y entendiendo que se trataba más
adecuadamente de una necesidad.
En esta línea argumental recordó que ya el 26 de julio de 2012 se vota mayoritariamente una interpelación en el Congreso, a propuesta del grupo de Convergència i Unió (CiU) para modificar la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, en concreto para actualizar el catálogo de infracciones y sanciones. Algo que echaría por tierra las interpretaciones de una ley elaborada con urgencia como reacción a los conflictos callejeros.
Por otra parte, después del transcurso
de 22 años de interpretaciones de la doctrina legal sobre el binomio
libertad-seguridad, justificarían la necesidad de una actualización legislativa
en esta materia, que recoja esa extensa interpretación jurisprudencial. Además,
afirmó que “ya nadie puede entender que el ejercicio de cualquier derecho
fundamental pueda comprenderse como un absoluto, no sujeto a limitación
alguna”, y así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, si bien matizado por
el principio de proporcionalidad.
La necesidad de esta reforma, en opinión
del profesor Ibáñez, es consecuencia
también de una decisión política de establecer un marco legislativo diferente
en la esfera penal, en esta materia, vinculada a las reformas en estudio del
propio Código Penal, en la que desaparecen las faltas, derivando su tipología a
delitos leves o infracciones administrativas.
Después de un repaso crítico por el
contenido técnico-jurídico de la norma en proyecto, señalando algunas
incongruencias en la redacción del texto o la reiteración en la
regulación de aspectos ya abordados en otros instrumentos legislativos, analizó
en detalle aspectos relativos a las sanciones pecuniarias y no pecuniarias
contempladas en el anteproyecto, abordando igualmente una comparativa entre la
regulación en el anteproyecto de algunos comportamientos y tipologías, con la
ya existente en normas precedentes como la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio,
reguladora del derecho de reunión.
El profesor Ibáñez acompañó su
exposición con un conjunto de datos y referencias que, desposeídos de la
influencia de connotaciones espurias, permitieron un análisis detallado y
científico del texto legal en estudio.
Un dinámico turno de intervenciones, posterior a las exposiciones, permitió un vivo debate con los asistentes quienes tuvieron la oportunidad de perfilar y matizar cuestiones puntuales que encuadraron con mayor precisión aspectos concretos de tan polémica iniciativa legislativa.
Isabel Quiñones / @iqvpress
Fotos: José Rodríguez
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